Resumen
El artículo 345-A del Código Civil peruano obliga al juez a velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado por la separación de hecho, mediante una indemnización o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal. La norma, sin embargo, guarda silencio sobre cómo se paga esa prestación. El Tercer Pleno Casatorio Civil (Casación 4664-2010-Puno) fijó como regla el pago único en dinero y orientó la adjudicación hacia la vivienda familiar, pero dejó abiertos los problemas de plazo, intereses, reajuste, garantías y cobro forzado. Este trabajo examina, con método dogmático, jurisprudencial y comparado, la forma de pago de esta obligación legal. Sostiene que la eficacia de la tutela depende tanto de la modalidad de pago como del monto, y que la práctica actual traslada al cónyuge vulnerable el riesgo de incumplimiento.