Forma de pago en la indemnización al cónyuge más perjudicado a la luz del Tercer Pleno Casatorio

1. Introducción

Desde la Ley 27495, de 2001, la separación de hecho es causal de separación de cuerpos y de divorcio en el Perú. Con ella, el legislador incorporó el artículo 345-A del Código Civil, que impone al juez un deber tuitivo: velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación y la de sus hijos. Para cumplirlo, el juez “deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal” (art. 345-A del Código Civil).

La discusión académica y jurisprudencial se ha concentrado en tres preguntas: quién es el cónyuge más perjudicado, cuál es la naturaleza jurídica de la prestación y cuánto debe pagarse. Mucha menos atención ha recibido una cuestión práctica decisiva: cómo se paga. Una indemnización bien cuantificada pierde su sentido si se fija sin plazo, se cobra años después sin reajuste o queda sin garantía frente a un deudor que no tiene bienes a su nombre. Lo mismo ocurre con una adjudicación ordenada sobre un inmueble hipotecado o cuya naturaleza social aún no se ha establecido.

El Tercer Pleno Casatorio Civil, expedido el 18 de marzo de 2011 en la Casación 4664-2010-Puno, ofreció algunas pautas. Estableció que, como regla general, la indemnización se fija en un solo monto dinerario o la adjudicación de bienes de la sociedad conyugal para el cónyuge más perjudicado, sin embargo, son incompletas y no siempre se aplican de manera uniforme.

Este artículo responde a la siguiente pregunta: ¿qué forma de pago de la prestación del artículo 345-A satisface mejor su finalidad de estabilidad económica y qué reglas deberían gobernarla? La hipótesis es que la modalidad de pago integra el contenido mismo de la tutela, por lo que el juez debe decidirla en la sentencia con la misma motivación que el monto. Se sostiene, además, que la calificación de la prestación como obligación legal impone al deudor una carga hacia el íntegro de la sentencia.

La metodología es dogmática y jurisprudencial, con apoyo comparado. Se analizan el texto legal, el Tercer Pleno, una muestra de casaciones posteriores de las Salas Civiles de la Corte Suprema. Luego, se contrastan los modelos de España, Francia, Argentina y Chile, que regulan expresamente la forma de pago de prestaciones análogas.

El trabajo se ordena así: la sección 2 presenta el marco normativo y el precedente; la sección 3, la naturaleza jurídica de la prestación y sus consecuencias; la sección 4, las dos modalidades legales; la sección 5, los problemas prácticos; la sección 6, el derecho comparado; la sección 7, una propuesta; y la sección 8, las conclusiones.

2. Marco normativo: el artículo 345-A y el Tercer Pleno Casatorio Civil

2.1. El texto legal

El artículo 345-A fue incorporado al Código Civil por la Ley 27495, publicada el 7 de julio de 2001. Su primer párrafo exige al demandante que invoca la separación de hecho estar al día en sus obligaciones alimentarias. El segundo párrafo contiene la regla que interesa aquí: el juez velará por la estabilidad económica del cónyuge perjudicado y de los hijos, y deberá señalar una indemnización por daños, incluido el daño personal, u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, con independencia de la pensión de alimentos que pudiera corresponder.

Tres rasgos del texto condicionan la forma de pago. Primero, la finalidad es la estabilidad económica, un objetivo orientado al futuro y no solo a reparar el pasado. Segundo, la ley ofrece dos vías unidas por una conjunción disyuntiva (“u”), lo que sugiere alternatividad. Tercero, la prestación es autónoma respecto de los alimentos. La ley no dice nada, en cambio, sobre plazo, cuotas, reajuste, intereses ni garantías.

2.2. El Tercer Pleno Casatorio Civil

Ante la disparidad de criterios judiciales, las Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema celebraron el Tercer Pleno Casatorio Civil. La sentencia, recaída en la Casación 4664-2010-Puno, fijó seis reglas de precedente judicial vinculante. La regla 6 declara que la indemnización o la adjudicación de bienes tiene la naturaleza de una obligación legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona. Su fundamento no es la responsabilidad civil contractual ni extracontractual, sino la equidad y la solidaridad familiar.

En la parte considerativa, que no tiene fuerza vinculante pero orienta la interpretación, el Pleno desarrolló cuatro pautas sobre la forma de cumplimiento:

1. La prestación se cumple mediante un pago único, a diferencia de la pensión compensatoria, que es de tracto sucesivo (f. 53).
2. La indemnización y la adjudicación son soluciones alternativas, excluyentes y definitivas (f. 54). El cónyuge perjudicado elige la que conviene a sus intereses, aunque el juez puede optar por la más adecuada al interés de la familia (ff. 72 y 76).
3. Como regla general, la indemnización “debe establecerse en un solo monto dinerario que el Juez estime justo”, en atención a las pruebas y a lo que resulte del proceso (f. 73). En ejecución, a pedido del beneficiado o de ambas partes, el juez puede fraccionar el pago para facilitarlo, sin que ello desnaturalice la indemnización, y puede acordarse una garantía personal o real (f. 75).
4. En la adjudicación, el juez debe preferir la casa en que habita la familia y, en su caso, el establecimiento agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter familiar, incluido el menaje ordinario del hogar. Lo adjudicado no se imputa a los gananciales que correspondan al beneficiado y se hace efectivo en ejecución de sentencia, dentro de la liquidación de la sociedad de gananciales (f. 76).

Estas pautas configuran un modelo de pago único con flexibilidad residual. Su debilidad es que la flexibilidad aparece solo en la etapa de ejecución, a pedido de parte y sin parámetros de plazo, reajuste o tipo de garantía. Además, mientras las reglas 3.1 y 3.2 flexibilizan la oportunidad para pedir la indemnización e imponen al juez pronunciarse de oficio cuando se alegaron hechos de perjuicio, la regla 3.3 exige fijar como punto controvertido la pretensión indemnizatoria o de adjudicación, pero no la modalidad de su pago. La forma de pago queda, así, fuera del debate probatorio.

3. Naturaleza jurídica de la prestación y su incidencia en la forma de pago

La calificación de la prestación no es un debate meramente teórico. De ella dependen el régimen de intereses, la posibilidad de reajuste, el modo de ejecución y la protección del crédito frente al deudor y a terceros.

3.1. Las tesis en disputa

La doctrina y la jurisprudencia peruanas han oscilado entre tres lecturas. La tesis resarcitoria entiende el artículo 345-A como un supuesto de responsabilidad civil, contractual o extracontractual, que exige daño, nexo causal y factor de atribución. La tesis asistencial o alimentaria lo aproxima a una pensión de subsistencia. La tesis compensatoria lo concibe como un mecanismo de corrección del desequilibrio económico derivado de la ruptura, cercano a la pensión compensatoria española o a la compensación económica chilena y argentina.

El Tercer Pleno optó por una categoría propia: la obligación legal fundada en la equidad y la solidaridad familiar (regla 6). Descartó su carácter alimentario, porque la prestación no es de tracto sucesivo (f. 55). Y la separó de la responsabilidad civil, porque no exige una conducta culposa o dolosa del cónyuge menos perjudicado (f. 53).

La doctrina reciente, citando a Santome Sánchez (2025) sostiene que la indemnización del artículo 345-A no es resarcitoria, sino una obligación legal de solidaridad familiar que busca corregir el desequilibrio que la ruptura produce en el cónyuge más perjudicado. Por eso no requiere antijuridicidad ni culpa, y la conducta de los cónyuges solo incide en la graduación del monto, a diferencia de la prevista en el artículo 351 del Código Civil, propia del divorcio sanción, sí responde al modelo de responsabilidad extracontractual.

3.2. Consecuencias para el pago

La calificación como obligación legal no alimentaria produce cuatro efectos sobre la forma de pago.

Primero: Rigen supletoriamente las reglas generales del pago: Según el artículo 1220 del Código Civil, el pago solo se entiende efectuado cuando se ejecuta íntegramente la prestación. El artículo 1221 añade que no puede compelerse al acreedor a recibirla parcialmente, salvo que la ley o el contrato lo autoricen. De ahí que el fraccionamiento, para imponerse al acreedor, requiera base legal o acuerdo. El Pleno lo condicionó, coherentemente, al pedido del beneficiado o de ambas partes (f. 75).

Segundo: Los intereses corren desde la mora: No se aplica el artículo 1985 del Código Civil, que en la responsabilidad extracontractual hace devengar intereses legales desde la fecha del daño. Rige el artículo 1324: las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco Central de Reserva desde que el deudor incurre en mora. La fecha de exigibilidad que fije la sentencia, por tanto, determina cuánto pierde el acreedor por la demora.

Tercero: El crédito carece de herramientas reforzadas de cobro: Al no ser alimentaria, la prestación queda sujeta al límite general de embargo de remuneraciones del artículo 648, inciso 6, del Código Procesal Civil: son inembargables hasta cinco Unidades de Referencia Procesal (URP) y el exceso solo es embargable hasta una tercera parte. Para las obligaciones alimentarias, en cambio, el embargo puede alcanzar el 60 % del total de las remuneraciones. Tampoco proceden la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley 28970) ni la persecución penal por omisión de asistencia familiar (art. 149 del Código Penal).

Cuarto: La prestación es definitiva. A diferencia de los alimentos, no admite revisión posterior por cambio de circunstancias (f. 54). Este rasgo refuerza la importancia de fijar bien la modalidad desde la sentencia, porque no habrá otra oportunidad para corregirla.

En suma, la naturaleza que el Pleno atribuyó a la prestación la protege frente a la exigencia de culpa, pero la deja expuesta en la etapa de cumplimiento. Esa tensión explica buena parte de los problemas que se examinan en las secciones siguientes.

4. Las dos modalidades legales: indemnización dineraria y adjudicación preferente

4.1. Relación entre ambas

La jurisprudencia suprema ha reiterado que la indemnización y la adjudicación son excluyentes: si se ordena una, no procede la otra. Así lo declararon, entre otras, la Casación 3945-2015-Cusco, del 27 de septiembre de 2016, y la Casación 3087-2016-Cusco, en línea con el fundamento 54 del Pleno. La exclusión responde a la idea de que ambas son formas alternativas de cumplir una misma obligación legal, y no dos prestaciones acumulables.

Sobre quién elige, el Pleno atribuyó la elección al cónyuge perjudicado, pero reservó al juez la decisión final según lo más apropiado al interés familiar (ff. 72 y 76). La Casación 4995-2017-Ica lo resume con claridad: haya o no elección, el juez puede optar por la alternativa más adecuada al caso concreto. La flexibilización procesal que admite el precedente llega a permitir una adjudicación aunque se haya pedido dinero. En la Casación 3680-2018-Lima, del 14 de julio de 2022, la Corte consideró justificado adjudicar a la demandada la cuota ideal del actor sobre el inmueble social, aunque ella solo había pedido una suma indemnizatoria.

4.2. La indemnización dineraria

La indemnización en dinero es la modalidad ordinaria. Tiene ventajas claras: se cuantifica en la sentencia, no depende de la liquidación de gananciales y permite al acreedor disponer libremente de la suma. El Pleno la configuró como un monto único (f. 73), criterio que las Salas Civiles han reiterado al revisar montos fijados por las instancias de mérito.

Su principal debilidad es la solvencia del deudor. Cuando el patrimonio del obligado está formado sobre todo por bienes sociales aún no liquidados, o por remuneraciones de monto moderado, la condena dineraria puede quedarse en el papel. La Casación 192-2018-Puno, del 19 de marzo de 2019, ilustra el dilema desde el otro lado. La Sala Civil Permanente consideró que la indemnización dineraria era el medio más adecuado y justo para velar por la estabilidad económica de la cónyuge perjudicada, en lugar de adjudicarle el único inmueble social, e invocó para ello el principio de razonabilidad o proporcionalidad.

4.3. La adjudicación preferente

La adjudicación es una forma de pago en especie con cargo a los bienes de la sociedad conyugal. El Pleno la dirigió preferentemente a la vivienda familiar y al establecimiento económico de la familia (f. 76), criterio que reiteró la Casación 5718-2017-Puno. Su gran ventaja es que asegura un activo concreto, con frecuencia el techo de la familia, sin depender de la liquidez del deudor.

La jurisprudencia, sin embargo, le ha impuesto límites que son, en el fondo, límites de forma de pago:

• Naturaleza social del bien. Solo pueden adjudicarse bienes de la sociedad conyugal. En la Casación 3543-2017-Lima, la Corte negó la adjudicación de un inmueble cuya calidad de bien propio o social no se había establecido, pues los cónyuges no habían formado el inventario valorizado de sus bienes.
• Cargas y gravámenes. En la Casación 1544-2016-Lima se sostuvo que no hay una indemnización real y efectiva si se adjudica al cónyuge perjudicado un bien social afecto a cargas o gravámenes y se le atribuye la responsabilidad de pagarlos.
• Único bien social. Las Salas no coinciden. Mientras la Casación 192-2018-Puno prefirió el dinero frente al único inmueble, la Casación 1480-2017-Cusco, mantuvo la adjudicación del único bien de la sociedad conyugal al cónyuge perjudicado, en atención al carácter protector y asistencial.

La adjudicación presenta además un problema de oportunidad. Se hace efectiva en ejecución de sentencia, dentro de la liquidación de la sociedad de gananciales (f. 76). La tutela queda así sometida a los tiempos de una etapa que puede prolongarse, sobre todo si existen terceros acreedores o discusión sobre la calificación de los bienes. El cónyuge perjudicado obtiene un derecho cierto, pero diferido.

5. Problemas prácticos de la forma de pago

El modelo del Pleno (pago único, fraccionamiento excepcional en ejecución y adjudicación dentro de la liquidación) deja abiertos al menos cinco problemas.

5.1. La sentencia que no fija plazo

Cuando la sentencia fija el monto sin señalar plazo de pago, el cumplimiento se difiere a la etapa de ejecución, en la que el juez requiere el pago bajo apercibimiento. Esta omisión no es neutral. Retrasa la constitución en mora del deudor y, con ella, el inicio del cómputo de intereses (art. 1324 del Código Civil). Para el cónyuge perjudicado, que con frecuencia es quien se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos, cada mes de retraso es un mes sin la estabilidad que la norma promete.

5.2. Intereses y pérdida de valor

La indemnización se fija en soles a la fecha de la sentencia. Si el pago tarda, el monto pierde valor real. Dos vías permiten corregirlo. La primera es el interés legal moratorio, cuya tasa fija el Banco Central de Reserva (arts. 1244 y 1324 del Código Civil) y que corre desde la mora. La segunda es el criterio valorista del artículo 1236, según el cual, cuando deba restituirse el valor de una prestación, este se calcula al día del pago.

La prestación del artículo 345-A, sin embargo, no es restitutoria, de modo que su encaje en el artículo 1236 es discutible. Por ello conviene que la propia sentencia señale el mecanismo de actualización, como hacen los ordenamientos que se examinan en la sección 6. Sin esa precisión, el acreedor queda limitado al interés legal, que no siempre compensa la inflación ni el costo de oportunidad.

5.3. El fraccionamiento sin parámetros

El fundamento 75 del Pleno admite el fraccionamiento a pedido del beneficiado o de ambas partes, con garantía personal o real. La solución es razonable, pero incompleta. No fija un plazo máximo, no exige el reajuste de las cuotas, no regula las consecuencias del impago de una cuota y deja la garantía como posibilidad y no como condición.

El riesgo no es teórico. La experiencia chilena muestra que, sin control, los tribunales tienden a dividir la compensación en numerosas cuotas sin fijar seguridades, lo que deja al acreedor expuesto al incumplimiento (Vidal Olivares, 2009). En Argentina, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, resolvió en 2023 que el pago de una compensación económica en 100 cuotas conculcaba la naturaleza del instituto y atentaba contra su finalidad. Fijó, en su lugar, un máximo de 20 cuotas mensuales actualizables según el índice de precios al consumidor (CNCiv, Sala B, 2023). El tribunal subrayó, además, que un pago rápido favorece la autonomía del beneficiario y evita prolongar el vínculo económico entre las partes.

5.4. El cobro forzado

Como la prestación no es alimentaria, el acreedor solo dispone del proceso de ejecución de resoluciones judiciales, con embargo sujeto a los límites generales. Si el deudor solo percibe una remuneración, la tercera parte del exceso sobre cinco URP puede ser insuficiente para cubrir el monto en un plazo razonable (art. 648, inc. 6, del Código Procesal Civil). El acreedor tampoco tiene preferencia frente a otros acreedores del deudor: su crédito es común, salvo que se haya constituido una garantía. En la práctica, el cónyuge perjudicado compite con bancos y proveedores en igualdad de condiciones.

5.5. La adjudicación que llega tarde o llega gravada

Cuando el juez opta por la adjudicación, la tutela depende de la liquidación de la sociedad de gananciales. Si el bien soporta una hipoteca, embargos o deudas tributarias, la adjudicación puede transferir al cónyuge perjudicado más cargas que beneficios (Casación 1544-2016-Lima). Si su naturaleza social está en disputa, la adjudicación se paraliza (Casación 3543-2017-Lima). En ambos casos, el cónyuge más débil soporta el costo de la indefinición patrimonial.

5.6. Síntesis

Estos problemas comparten una causa: la forma de pago se trata como una cuestión de ejecución y no como parte del contenido de la sentencia. El resultado es que el riesgo de incumplimiento, de pérdida de valor y de demora recae sobre quien la norma quiere proteger. Una tutela que promete estabilidad económica, pero que se cumple tarde, a medias o sin respaldo, no cumple su finalidad.

6. Derecho comparado

Los ordenamientos que regulan prestaciones compensatorias tras la ruptura matrimonial dedican normas expresas a su forma de pago. Su examen muestra un patrón común: el capital o pago único es la regla, el fraccionamiento es una excepción reglada y el pago en especie tiene límites. La Tabla 1 resume los rasgos principales.

6.1. España

El artículo 97 del Código Civil español permite que la compensación consista en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según lo determine el convenio regulador o la sentencia. Exige, además, que la resolución fije las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. El artículo 99 autoriza a convenir, en cualquier momento, la sustitución de la pensión por una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero. El modelo español es, en este punto, el inverso del peruano: la forma habitual es la pensión periódica y el capital es una opción.

6.2. Francia

El Código Civil francés regula con detalle la prestation compensatoire. Su artículo 274 dispone que el juez decide cómo se ejecuta el capital: mediante el pago de una suma de dinero, pudiendo subordinar el divorcio a la constitución de garantías, o mediante la atribución de bienes en propiedad o de un derecho temporal o vitalicio de uso, habitación o usufructo. Para la atribución en propiedad de bienes que el deudor recibió por herencia o donación se exige su acuerdo. El artículo 275 permite, si el deudor no puede pagar el capital, fijar pagos periódicos indexados dentro de un límite de ocho años.

Dos decisiones precisan este régimen. El Consejo Constitucional declaró conforme la atribución forzosa de bienes, con una reserva: solo procede cuando el pago en dinero no basta para garantizar la prestación (Conseil constitutionnel, 2011). Y la Corte de Casación ha exigido que, cuando autoriza pagos periódicos, el juez determine el monto de las cuotas y no deje esa decisión al deudor (Cour de cassation, 2023).

6.3. Argentina

El artículo 441 del Código Civil y Comercial de la Nación prevé que la compensación económica puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. La amplitud del texto ha permitido soluciones flexibles, como la adjudicación de un inmueble. Pero, como se vio, los tribunales controlan que el plan de pago no desnaturalice la figura (CNCiv, Sala B, 2023).

6.4. Chile

La Ley 19.947, de Matrimonio Civil, es la más protectora del acreedor. El artículo 65 enumera las modalidades de pago (dinero, acciones u otros bienes, derechos de usufructo, uso o habitación) y exige seguridades cuando el pago se difiere en cuotas reajustables. El artículo 66 permite dividir el monto en cuotas solo si el deudor no tiene bienes suficientes, atendiendo a su capacidad económica y expresando cada cuota en una unidad reajustable. La cuota, además, se considera alimentos para el efecto de su cumplimiento, salvo que se hayan ofrecido otras garantías. Ello habilita los apremios de la legislación de alimentos.

Vidal Olivares (2009) destaca que la compensación es un derecho de origen legal sometido, una vez fijado, al derecho común de las obligaciones, y que su titular tiene un crédito sin preferencia frente a otros acreedores. Por eso, sostiene, corresponde al juez dotar de protección al crédito, dentro del marco mínimo e indisponible que fijan los artículos 65 y 66.

6.5. Lecciones para el Perú

Del contraste resultan cuatro lecciones. Primera: el fraccionamiento debe tener un plazo máximo. Segunda: las cuotas deben reajustarse. Tercera: la garantía debe ser condición del fraccionamiento, no un elemento opcional. Cuarta: la adjudicación en especie debe motivarse frente a la alternativa dineraria, como exige la reserva del Consejo Constitucional francés. Ninguna de estas lecciones contradice el Tercer Pleno; todas pueden leerse como desarrollo de sus fundamentos 73 a 76.

7. Propuesta

7.1. Criterios según ley sustantiva

Sin necesidad de reforma, el juez puede mejorar la eficacia del artículo 345-A aplicando el Tercer Pleno junto con las reglas generales del pago. Se propone el siguiente orden de decisión:

1. Motivar la modalidad como parte del fallo. La forma de pago debe decidirse en la sentencia y no remitirse por completo a la ejecución. El juez debe explicar por qué la modalidad elegida asegura la estabilidad económica del cónyuge perjudicado, y las partes deben poder debatirla, incorporándola al punto controvertido de la regla 3.3.
2. Preferir el pago único en dinero con plazo cierto. Es la regla del Pleno (f. 73). La sentencia debería fijar un plazo breve de pago, cuyo vencimiento constituya en mora al deudor y active el interés legal (art. 1324 del Código Civil).
3. Recurrir a la adjudicación cuando el dinero no asegure la tutela. Ello ocurre, por ejemplo, si el deudor carece de liquidez y su patrimonio está formado por bienes sociales, o si la vivienda es indispensable para el cónyuge y los hijos. La adjudicación debe recaer sobre bienes de naturaleza social acreditada y, de preferencia, libres de cargas. Si están gravados, el juez debe precisar quién asume el gravamen, para no repetir el defecto advertido en la Casación 1544-2016-Lima.
4. Fraccionar solo con condiciones. Si procede el fraccionamiento, la resolución debería fijar el número y el monto de las cuotas, un plazo máximo razonable, la actualización de cada cuota, la garantía personal o real y una cláusula de vencimiento anticipado ante el impago. El fundamento 75 ya admite la garantía; lo que falta es convertirla en condición.
5. Admitir formas mixtas por acuerdo. El carácter excluyente que sostiene la jurisprudencia impide sumar indemnización y adjudicación como prestaciones independientes. No impide, en cambio, que una misma obligación se cumpla en parte con un bien y en parte con dinero, si el acreedor lo acepta. La dación en pago (art. 1265 del Código Civil) ofrece cauce para ello, y el juez puede homologar el acuerdo.

7.2. Propuestas

La protección plena del crédito exige, además, una reforma del artículo 345-A. Se sugiere incorporar un párrafo con el siguiente contenido:

• La indemnización se paga, como regla, en una sola armada dentro del plazo que fije la sentencia, con interés legal desde su vencimiento.
• Excepcionalmente, si el obligado carece de bienes suficientes, el juez puede fraccionarla en cuotas reajustables, por un plazo no mayor de cinco años, previa constitución de garantía suficiente.
• Las cuotas impagas se consideran alimentarias solo para efectos de su cobro, lo que incluye el límite de embargo de remuneraciones aplicable a los alimentos y la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
• La adjudicación preferente procede sobre bienes sociales cuya calidad conste en el proceso. Si el bien está gravado, el juez dispone a cargo de quién queda el gravamen.
• Las partes pueden acordar otras formas de pago, como la entrega de bienes, el usufructo o el derecho de habitación, sujetas a aprobación judicial.

El plazo de tres años es una propuesta intermedia, atendiendo a que la indemnización tiene como propósito el equilibrio del cónyuge más perjudicado. La asimilación a alimentos solo para el cobro sigue el modelo chileno, que no altera la naturaleza de la prestación, sino que mejora su eficacia.

Conviene, en todo caso, excluir de esa asimilación la responsabilidad penal por omisión de asistencia familiar. La Constitución prohíbe la prisión por deudas y solo exceptúa el incumplimiento de deberes alimentarios (art. 2, inc. 24, lit. c). Extender la sanción penal a una deuda de origen compensatorio tensionaría esa garantía, como lo muestra el debate constitucional que ha generado en Chile el arresto por impago de cuotas de compensación económica.

8. Conclusiones

1. El artículo 345-A del Código Civil regula el qué de la tutela al cónyuge más perjudicado (indemnización o adjudicación preferente), pero no el cómo. Esa omisión tiene consecuencias directas sobre la eficacia de la protección, porque la estabilidad económica que persigue la norma depende tanto del monto como de la oportunidad y seguridad del pago.
2. El Tercer Pleno Casatorio Civil adoptó un modelo de pago único en dinero, con fraccionamiento solo en ejecución y a pedido del beneficiado o de ambas partes, y orientó la adjudicación hacia la vivienda y el establecimiento familiar. Estas pautas son valiosas, pero no fijan plazos, reajuste, consecuencias del impago ni garantías obligatorias.
3. La calificación de la prestación como obligación legal no alimentaria la somete a las reglas generales del pago y de la ejecución. Ello impide imponer el pago parcial al acreedor, hace correr los intereses solo desde la mora y deja el crédito sin las herramientas de cobro reforzadas de los alimentos.
4. La jurisprudencia posterior al Pleno ha condicionado la adjudicación a la naturaleza social acreditada del bien y ha advertido que un bien gravado no asegura una tutela real. Persiste, sin embargo, una divergencia entre las Salas sobre la adjudicación del único bien social.
5. El derecho comparado coincide en tratar la forma de pago como parte del contenido de la prestación. España, Francia, Argentina y Chile prevén, con distintos matices, límites temporales al fraccionamiento, mecanismos de actualización y garantías; Chile, además, asimila las cuotas a los alimentos para su cobro.
6. Se propone que el juez motive la modalidad de pago en la sentencia, siguiendo un orden de prelación que privilegie el pago único con plazo cierto, y que el legislador incorpore reglas de fraccionamiento condicionado y de cobro reforzado. Solo así la estabilidad económica que promete la norma dejará de depender de la voluntad del deudor.

Referencias

Doctrina

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Legislación

Código Civil [Perú]. Decreto Legislativo 295 (1984). Arts. 345-A, 1220, 1221, 1236, 1244, 1265, 1324 y 1985.

Código Procesal Civil [Perú]. Texto Único Ordenado aprobado por Resolución Ministerial 010-93-JUS (1993). Art. 648.

Constitución Política del Perú (1993). Art. 2, inc. 24, lit. c.

Ley 27495. Ley que incorpora la separación de hecho como causal de separación de cuerpos y subsecuente divorcio. Diario Oficial El Peruano, 7 de julio de 2001.

Ley 28970. Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (2007).

Código Penal [Perú]. Decreto Legislativo 635 (1991). Art. 149.

Código Civil [España]. Real Decreto de 24 de julio de 1889. Arts. 97 y 99.

Code civil [Francia]. Arts. 270 a 277.

Código Civil y Comercial de la Nación [Argentina]. Ley 26.994 (2014). Arts. 441 y 442.

Ley 19.947, de Matrimonio Civil [Chile] (2004). Arts. 61 a 66.